BERNARDINO BRAVO LIRA
Universidad de Chile
El siglo XX marca el fin del Estado modernizador, llamado a promover la felicidad del pueblo. Tras una larga crisis, este ideal dieciochesco se hunde con la caída del Estado totalitario de la Unión Soviética, su versión más radical, y de sus alternativas más moderadas, como un socialismo democrático en Francia o una democracia cristiana en Italia.
Chile no esperó estos desmoronamientos. Se anticipó a abandonar este ideal y a emprender un camino diferente, el del Estado subsidiario, que en lugar de pretender regular desde arriba las actividades del pueblo, apela al empuje e iniciativa de las personas y organizaciones intermedias. El tránsito de uno a otro tipo de Estado es una de las claves de su trayectoria institucional en el siglo XX.
Pero éste no es sino el final de una larga historia que se remonta a mediados del siglo XVIII. Chile es uno de los países del Nuevo Mundo donde mejor puede seguirse lo que cabe llamar el ciclo histórico del Estado modernizador. Impulsado desde la década de 1760 por la minoría dirigente, el Estado modernizador llegó a su apogeo tras la revolución de 1891 y tuvo su última gran manifestación en las planificaciones globales de mediados de la década de 1960 y comienzos de la siguiente.
En el curso de estos dos siglos largos» cabe distinguir tres grandes momentos. En primer término, el tránsito del Estado judicial al Estado modernizador, bajo la monarquía ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII y su acción reformadora, que se prolonga y llega a su plenitud bajo la república ilustrada entre 1830 y 1860. De esto nos hemos ocupado en otro estudio[1].
En segundo término, está el apogeo y agotamiento del ideal de Estado modernizador en el siglo XX, del que queremos tratar aquí.
El Estado modernizador.
Según es sabido, este modo de concebir y conformar el Estado caracteriza toda una época de la historia de Europa e Hispanoamérica. Se remonta a la Ilustración y puede decirse que constituye la expresión institucional del ideal político de la misma. Para ella el papel del gobernante no se reduce, como hasta entonces se entendía, fundamentalmente a la justicia. Más allá de eso, el gobernante está llamado a procurar la felicidad del pueblo[2].
A tono con esta ampliación de los fines del Estado, se amplían también su radio de acción y sus medios de acción. Es decir, el gobierno asume, en cierto modo, una dimensión empresarial, mucho más ambiciosa que la primordialmente judicial prevaleciente hasta la época. Como los antiguos oficiales no bastan para llevar adelante esta gestión gubernativa, se monta al efecto toda una red de oficinas de gobierno. Se opera así, poco a poco, una transformación institucional de gran alcance. El Estado judicial de oficios deja paso a un Estado administrativo de oficinas.
Esta conformación institucional del Estado modernizador tomó posible una nueva manera de gobernar: por ministerios. Es decir, todas las oficinas que componen la Administración estatal funcionan bajo la dependencia, subordinación y corrección disciplinaria de los secretarios o ministros. Este modo de ejercer el poder, condujo a una concentración de la actividad política en una minoría dirigente o clase política, que manejaba el gobierno y la administración. A ella le correspondía decidir lo que convenía o no convenía a) pueblo, es decir, al país entero[3].
Tal era la situación existente en Chile al despuntar el siglo XX, tras el triunfo de la oligarquía en la guerra civil de 1891 Con él pareció consolidarse para siempre un predominio sin contrapeso de los partidos políticos. Este fue el punto de partida de la trayectoria institucional en la presente centuria.
A lo largo de ella se intentó realizar el ideal dieciochesco del Estado modernizador sucesivamente de dos maneras: el Estado gendarme del liberalismo que, con el propósito de imponer la libertad a los ciudadanos, somete sus actividades a una regulación uniforme, y cuando éste fracasa, el Estado de bienestar que, con el propósito de restablecer la seguridad, somete las actividades de los ciudadanos a una regulación restrictiva.
Contraposición Estado-sociedad.
Presupuesto común al Estado modernizador en estas dos fases fue la contraposición Estado-sociedad. De ella dependió el grado de vigencia que logró alcanzar, más o menos efectiva según la medida en que este dualismo llegó a hacerse realidad. En otras palabras, el Estado modernizador supone una contraparte: la sociedad política, que a diferencia de la comunidad política carece de imperio. Es decir, no tiene una consistencia propia, que subsista por sí misma frente al Estado y, por tanto, tampoco una organización y poderes diferentes del Estado, subordinados a él, pero capaces de actuar por sí mismos e, incluso, frente al propio Estado.
La sociedad política, por tanto, se reduce a una suma de individuos iguales entre sí y con los mismos derechos y, por ende, aislados e indefensos frente al Estado, ya que en ella no hay cabida para cuerpos ni poderes intermedios entre aquél y las personas. Atomizada y desarmada esta sociedad política, modelada desde el Estado, carece de medios propios para limitar su acción estatal y proteger a sus miembros frente a ella.
Tanto el Estado liberal como el socialista se basan en esta contraposición. Difieren, eso sí» en los términos de esta relación. Mientras en la versión liberal del Estado modernizador el centro de gravedad está, por así decirlo, abajo, en los individuos; en la socialista está arriba, en el Estado. En la primera, la sociedad tiende a absorber al Estado, a través de su minoría dirigente, en tanto que en la segunda el Estado tiende a absorber a la sociedad, a través del partido gobernante[4].
Ninguna de estas formas del Estado modernizador logró prevalecer del todo en el Chile del siglo XX. De hecho, una y otra fueron desbordadas por la auto-organización de la población. De ahí que, en la práctica, el grado de contraposición entre Estado y sociedad fuera limitado. Además, a medida que avanza el siglo, esta contraposición se desdibuja. Por encima y al margen del derecho codificado, contenido en la constitución y las leyes, diversos sectores de la población se organizaron y no tardaron en constituir una trama de grupos intermedios entre las familias y el Estado. A través de ellos el pueblo organizado pudo volver a jugar un papel activo en la vida nacional, en cierto modo similar al que tuvo antes de la implantación del constitucionalismo.
Estado subsidiario y comunidad consocional.
Estamos aquí, pues, ante una doble transformación: del Estado y de la población. Ambas se condicionan mutuamente. Al descrédito del Estado modernizador corresponde el auge del movimiento asociativo en los distintos estratos de la población. Todo lo cual culmina en un verdadero viraje. Se abandona el ideal de Estado modernizador y se configura un Estado subsidiario, que, en lugar de erigirse en único poder, llamado a regular desde arriba las actividades de los ciudadanos, apela a la iniciativa de las personas y organizaciones intermedias. Con ello se cierra la etapa histórica del Estado constituido en tutor o mentor del pueblo, en nombre de su felicidad.
Uno de los aspectos más notables de estas transformaciones es la permanencia, en medio de ellas, como eje, de las instituciones básicas del Estado chileno, anteriores a la modernización. En primer término, la trilogía Presidente-Judicatura-Fuerzas Armadas, pilares de la institucionalidad. Cuyos orígenes se remontan al Estado judicial de la temprana Edad Moderna. Junto a ellas subsisten también la Iglesia y la Administración. Pero nacida esta última con el Estado modemizador, sus dimensiones se reducen en la misma medida en que el ámbito de acción del Estado subsidiario es más pequeño.
En todo caso, esta persistencia de las instituciones fundamentales del Estado dista mucho de ser inmovilismo. Antes bien, según veremos, todas ellas se reajustan en función del papel que ahora juegan la población, en la vida nacional y los partidos políticos y el parlamento, en el gobierno.
Al respecto, adelantemos que no se trata de un capítulo más en la historia del Estado modernizador, sino del tránsito de esa etapa histórica a otra diferente. Se rompe con el ideal ilustrado de gobierno y, por tanto, con la pretensión estatal de conformar desde arriba a la comunidad. Se habla de Estado subsidiario, se reduce la amplitud de su gestión y de sus instituciones y, en lugar de imponerse a una reglamentación de la actividad de las personas y organizaciones intermedias, se apela a su empuje para sacar adelante el país.
En suma, este Estado subsidiario cobra forma en la medida en que, de hecho, se pasa de una sociedad política, atomizada y regulada por el Estado -bajo el signo liberal primero y socialista después- a una suerte de comunidad consocional que combina una acción limitada del Estado con el dinamismo de las personas y cuerpos intermedios que componen la población.
Tal es, a grandes trazos, el tema que pretendemos abordar. Como es de esperar, por tratarse de una historia tan reciente, no disponemos todavía de obras de conjunto[5]. En cambio, abundan estudios y análisis parciales, por cierto de valor muy desigual. Además la bibliografía disponible recae de preferencia sobre el mundo oficial, del gobierno, los ministerios y los partidos y es, en cambio, más bien rara en lo tocante a las organizaciones intermedias. De ahí que en esta materia la exposición se apoye mayormente en investigación directa. De todos modos, de la bibliografía más específica se da cuenta en cada caso en las notas de pie de páginas.
El presente estudio no puede tener sino el carácter de una aproximación al tema. De ahí que nuestro propósito sea fundamentalmente descriptivo. Se reduce tan solo a exponer, en el espíritu de Ranke, como sucedieron propiamente las cosas.
La exposición misma comprende tres parles que corresponden a otros tantos momentos de la trayectoria institucional de Chile en el siglo. La primera está dedicada al Estado liberal parlamentario (1891-1924) y su correlato, la contraposición Estado-sociedad. La segunda trata del Estado interventor y presidencial (1924-1973) y la tensión entre estatismo y organizaciones intermedias. Por último, la tercera tiene por objeto al Estado subsidiario, cuyo punto de partida es el viraje que se produce desde 1973 en adelante.
I. El Estado liberal-parlamentario (1891 -1924)
Contraposición Estado-sociedad.
Al comenzar el siglo, bajo el régimen parlamentario, Chile se encontraba entre los países más estables del mundo, después de Inglaterra y Estados Unidos. Desde 1831 hasta 1924, los presidentes se sucedían regularmente, el Congreso sesionaba sin interrupciones y las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales se verificaban en las fechas previstas. Todo esto se acabó en 1924, al derrumbarse el régimen parlamentario. A partir de entonces, se retornó a la monocracia presidencial y rebrotaron las organizaciones intermedias, en tanto que las oligarquías partidistas entraron en decadencia y, con ellas, el parlamento. El liberalismo contrapuso Estado y sociedad y atribuyó a cada uno una esfera de acción propia. Separó así lo público de lo privado. Público se hizo sinónimo de estatal y se identificó con lo político, representado por el gobierno y, más que nada, por la ley, entendida como declaración de la voluntad soberana. Privado se hizo sinónimo individual y se identificó con lo social, representado por los particulares y, más que nada, por el contrato como manifestación de las voluntades individuales.
La ligazón entre ambas esferas se fundó en una visión contractualista de la sociedad y del poder. Conforme a la teoría dieciochesca del contrato social, se suponía que la sociedad no era sino una suma de individuos, constituida por ellos mismos, mediante un pacto, y que el poder de sus gobernantes provenía de estos mismos individuos, por una delegación, que se renovaba periódicamente mediante elecciones para los cargos públicos.
En consecuencia, el liberalismo asignó al Estado un papel muy limitado en la vida nacional y a los individuos, uno casi limitado. Expresión de ello es el principio: los gobernantes que sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten, en tanto que los gobernados pueden hacer todo lo que las leyes no prohíben. En concreto, el Estado debe limitarse a cautelar las reglas que rigen la actuación de los individuos, vale decir, el libre juego de las creencias, en lo religioso; de las opiniones, en lo político; y de las voluntades, en lo económico social.
De esta suerte, en materia religiosa, el Estado, aunque reconocía a la Religión católica como oficial, garantizaba, al mismo tiempo, el ejercicio libre de otros cultos, laicizó el matrimonio y parte de la educación. En materia política, el libre juego de las opiniones se institucionalizó a través del multipartidismo, del gobierno de partidos y del régimen parlamentario; y en el terreno económico social, el Estado se abstuvo de intervenir: su actitud fue dejar hacer a empresarios y asalariados, a fin de que se arreglaran entre sí[6].
Régimen parlamentario.
La expresión política de! liberalismo es el régimen parlamentario o gobierno de gabinete[7]. En Chile, como en todas partes, no se implantó de golpe. Fue el resultado de un lento deslizamiento por el cual poco a poco los partidos consiguieron demoler la preeminencia del Presidente. La pugna contra él culminó en la revolución de 1891 con el triunfo de las oligarquías partidistas. Entonces el régimen de gobierno se reajustó de facto, y los partidos se convirtieron en el eje del mismo.
El Presidente dejó de ser jefe de gobierno. Quedó relegado a un papel más bien simbólico, de jefe de Estado. En consecuencia, cesó de dirigir la gestión estatal, de intervenir en las elecciones y, por tanto, perdió también toda posibilidad de designar a su sucesor, práctica que se observaba desde 1841. Las tres cosas pasaron a manos de los partidos, es decir, de sus dirigentes.
Esta separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno es la clave del régimen parlamentario. La gestión estatal es dirigida por el jefe del gabinete o ministerio. Uno y otro son responsables, no ante el Presidente, sino ante los partidos que hacen y deshacen la mayoría en el Congreso.
Partidos parlamentarios
Los partidos triunfantes -conservador, liberal, nacional y radical- habían surgido hacia 1860. Su modo de actuar cambió sensiblemente, desde que, en lugar de disputar el gobierno al Presidente, pasaron a compartirlo entre sí. Hasta entonces se diferenciaban y luchaban unos contra otros por cuestiones de Índole religiosa -llamadas teológicas-, política o económico social. Lo que no les impedía tener mucho en común. Desde luego, compartían una misma mentalidad parlamentaria, es decir, la creencia en la virtud de la discusión, el poder de los argumentos y la ventaja de los compromisos. Una vez abatido el poder presidencial este espíritu se impuso sin contrapeso. Se distinguía entre cuestiones doctrinales, fundamento de cada partido, y lo demás, las llamadas cuestiones abiertas, sobre las cuales sus afiliados podían sustentar cualquier posición. Mientras las primeras pierden virulencia, cobra cada vez mayor consistencia entendimiento entre los partidos para formar un gabinete. La política termina por girar en torno a las combinaciones para formarlo o censurarlo. Como ningún partido llegó a tener por sí solo, mayoría suficiente para ello, sus jerarcas no tuvieron más remedio que entenderse entre sí. Por eso, el gobierno fue siempre multipartidista. Este rasgo caracteriza el parlamentarismo chileno, frente al bipartidismo, al modo inglés y estadounidense[8].
A lo largo del período parlamentario, dos combinaciones se alternaron sin cesar en el gobierno: la Alianza liberal, constituida en tomo a los radicales y la Coalición, en tomo a los conservadores. Su postura doctrinaría -laicista o clerical- hizo de estas dos colectividades los extremos del espectro partidista. Liberales y nacionales, en el medio, inclinaron la balanza hacia uno u otro lado. Lo que originó una permanente inestabilidad o rotativa ministerial e, indirectamente, dio mayor relevancia al personal de carrera, de las instituciones estatales. Mientras los ministros pasaban, ellos se convirtieron en el soporte natural de la continuidad de la gestión gubernativa.
El Presidente
Este predominio de los partidos descansa sobre la anulación política del Presidente. De ahí que su principal cualidad en esta época fuera, paradójicamente, no hacer, valer decir, abstenerse de interferir el juego partidista. Así lo refleja el lema, bajo el cual planteó su candidatura Riesco en 1901: no soy una amenaza para nadie. Pero sucedió algo inesperado. Io que el Presidente perdió en poderes, lo ganó en prestigio. Al situarse por encima de los manejos partidistas, se convirtió en símbolo del patriotismo frente al partidismo[9].
Mejor o peor, encamaron esta imagen del Presidente, al terminar el siglo XIX, el almirante Jorge Montt (1891-1896) y Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901) y en el primer cuarto del XX: Germán Riesco (1901-1906). Pedro Montt (1906-1910), Ramón Barros Luco (1910-1915) -el perfecto presidente parlamentario Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) y Arturo Alessandri (1920-1924), bajo el cual el régimen se desplomó.
Edad de oro de los partidos y del gobierno de partido.
El régimen parlamentario fue la edad de oro de los partidos políticos en Chile. Entonces el gobierno de partido llegó a su apogeo. Gracias a la prosperidad económica derivada del salitre, el juego entre las oligarquías políticas discurrió sin urgencias ni apremios. En tales condiciones, el multipartidismo dio lo mejor de sí.
Concentrada dentro del escogido círculo de sus jerarcas, la política alcanzó un alto grado de refinamiento. Muchos de los grandes talentos del país tomaron parte activa en ella. Su presencia en el Congreso dio altura y brillo a los debates. Por otra parte, estos partidos no aspiraban a imponerse a los demás, sino a entenderse con ellos. En tales condiciones, el régimen realizó en gran medida el ideal parlamentario de resolver los asuntos de gobierno mediante conversaciones, acuerdos y compromisos. La lucha entre los partidos pareció reducirse a una competencia entre rivales -a un juego- más bien que de una confrontación entre enemigos. AI decir de un autor, se convirtió en el deporte de la oligarquía[10].
Entonces el ethos republicano y las libertades públicas alcanzaron un grado inédito en el Chile republicano. Apenas se acudió al estado de excepción -tan sólo en tres ocasiones y por breves días- a diferencia de lo que sucede antes de 1891 y después de 1924. Del mismo modo, se hacen grandes avances, por ejemplo, en materia de educación primaría y secundaria.
Todo lo cual permitió que, al margen del mundo de los partidos, cobraran significación algunas organizaciones intermedias entre el Estado y la familia: más de 600 sociedades mutualistas o de resistencia, una decena de cámaras de comercio, más de treinta asociaciones gremiales (de profesores secundarios 1919, y maestros primarios 1922, profesionales), varios centenares de clubes artísticos, deportivos o culturales[11]'.
Desmoronamiento del régimen parlamentario.
El desgaste del régimen parlamentario fue en aumento hasta que, hacia 1920, su costo social e institucional se tornó insoportable. Así lo muestran la agitación estudiantil, las huelgas de Puerto Natales (1919) y de Punta Arenas (1920) con saldo de muertos y heridos; la inquietud en las filas del Ejército; la discutida elección presidencial de 1920 y el insólito tribunal de honor -netamente oligárquico- posterior a la elección, que bajo eficaz presión militar abrió paso al mando supremo a Arturo Alessandri[12].
De su lado, el nuevo Presidente, un político de multitudes, no de pasillos, había rechazado abiertamente como candidato la imagen del jefe de Estado que no es una amenaza para nadie[13]. Una vez en el poder, convencido de que la situación del país no daba para más y de que sin reformas, hechas a tiempo, el descontento terminaría en revolución, no vaciló en precipitar las cosas, con su crítica al Congreso y sus visitas a los cuarteles. Sus opositores, no lo hicieron mejor. Junto con acudir también a los cuarteles, los parlamentarios sancionaron una ley abiertamente contraria a la constitución, que establecía una dieta en su favor, en momentos que no había dinero ni para pagar al personal de la Judicatura, la Administración y las Fuerzas Armadas.
Esta gota colmó el vaso. Hubo entonces ruido de sables en el Senado y bajo la presión militar se despacharon algunas leyes sociales. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Un pronunciamiento militar puso fin a la descomposición del régimen parlamentario en septiembre de 1924[14].
[1] Bravo Lira, Bernardino, El absolutismo ilustrado en Hispanoamérica Chile 1760-1860: de Carlos III a Portales y Montt, Santiago 1994.
[2] Sobre la felicidad pública como ideal de gobierno existe una copiosa bibliografía. Por todos, MARAVALL. José Antonio, La ideal de felicidad en el programa de la Ilustración, en AUBRUN, Vicent, Métanges offerts &.., París 1975, ahora en sus Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid 1991- Matis, Herbert (ed.), Yon der Glückseligkeit des Staates, Berlín 1981, con trabajos de dieciocho especialistas. Para Hispanoamérica, PÉREZ Perdomo, Rogelio, El formalismo jurídico y sus Junciones económico-sociales Estudio teórico y análisis exploratorio del papel de las ideas jurídicas en el siglo XIX, venezolano, tesis doctoral, Caracas 1974 (a multicopia). MangabeiRa, Roberto Unger, Law in Modern Society Toward a Críticism of Social Theory Nueva York 1975. Bravo Lira, Bemardino, Metamorfosis de la legalidad. Forma y sentido de un ideal dieciochesco, en RDP 31-32, Santiago 1982. TrazeGNIES. Fernando de. La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX, Lima 1992.
[3] Para esto y lo que sigue, Góngora, Mario, The Enlightenmeni, Enlighíened Des-potism and the ideológical crisis in the colonies, en sus Studies in the colonial History of spanish America. Cambridge 1975. Bravo LIRA, Bernardino, Oficio y oficina, dos etapas en la historia del Estado Indiano* en Armario Jurídico Ecuatoriano 5, Quito 1980, ahora en el mismo. Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago 1989. El mismo. Poder y respeto a las personas en Iberoamérica. Siglos XVI al XX, Valparaíso 1989.
[4] Sobre la genesis y sentido de esta contraposición Estado-sociedad, Brunner, Otto, Land und Herrschaft, Viena 19655, esp., pp. 115 ss. Schieder, Theodor, Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit, Munich 1958. EHMKE, Horst, Staat und Gessell-schaft als Verfassungstheoretischer Problem, en Smend Rudolf, Festschrift, Tubinga 1962. Conze, Werner (ed), Staat und Gesellschaft in deutschen Vormaerz, Stuttgart 1962, con estudios de varios especialistas. Angerman Erich, "Das Auseinandertreten von Staat und Gesellschaft im Denken des 18. Jahrhundert" en Zeitschrift fikr Politik 10, 1963, ahora en Bockenfoerde, Ernst-Wolfgang (ed.), Staat und Gesellschaft, Darrastadt 1976, con trabajos de diversos especialistas. Bockenfoerde, Ernst Wolfgang, "Lorenz von Stein als Theoretik der Bewegung von Staat und Gesellschaft zum Sozialstaat", en Brunner, Otto, Festschrift, Gotinga 1963. El mismo "Die Bedeutung der Unterschied von Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart", en Hefermehl, Wolfgang, Festgabe, Stuttgart 1972, ahora ambos en Bockenfoerde, E.W.. Recht, Staat, Freiheit, Francfort 1991. BOBBIO, Norberto, Societä e Stato de Hobbes a Marx, Turin 1973. El mismo, Thomas Hobbes, Milan 1989, trad. castellana, Barcelona 1991. RIEDEL, Manfred, Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel, Neuwied 1970. Garcia-Pelayo, Manuel, "Las organizaciones de intereses y la teoria constitucional", en Politeia 4, 1975, ahora en El mismo. Las transformaciones del Estado contemporäneo, Madrid 1977. Engelhardt, Ulrich y otros (ed.), Soliale Bewegung und politische Verfassung, Stuttgart 1976. Quaritsch, Helmut (ed.), "Von den ständischen Gesellschaft zur bürgerliche Gleichheit", en Der Staat, cuademo 4, Berlin 1980, pp. 109-130, con trabajos de varios especialistas. Bravo Lira, Bernardino, "Ilustraciön y representaciön del pueblo en Chile 1760-1860. De la comunidad politica a la sociedad politica". en Politica 27, Santiago 1991. El mismo "Sociedad de clases y representaciön electoral en Chile 1860-1924", en Revista Chilena de Historia del Derecho 18, Santiago 1991.
[5] Para el Estado liberal parlamentario» Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática. Historia política de Chile, Santiago 1928. Silva Vargas, Fernando, "Historia del siglo XX chileno 1900-1975", en El Mercurio Io de junio de 1975. El mismo, "Historia de Chile", en Villalobos y oreos. Historia de Chile, 4 vols., Santiago 1974-76, vol. 4. Vial Correa, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973), en curso de publicación, Santiago 1981, 1 pp. 541 ss. Bravo Lira, Bernardino, Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica, Santiago 1986, p. 255.
[6] Bravo Lira, Bernardino, "Pueblo y representación en la historia de Chile. Tres momentos claves", en Anuario de Filosofía Jurídica y Social 7, Santiago 1989. El mismo, "Sociedad de clases...", nota 4.
[7] Bravo Lira, Beniardino, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile, 1924-1973, Santiago 1978, esp. cap. 21. El mismo, nota 5, p. 255.
[8] Silva Vargas, nota 5. Vial Correa, nota 5. Bravo Lira, Bernardino, "Orígenes, apogeo y ocaso de los partidos políticos en Chile 1857-1973", en Política 7, Santiago 1985, ahora en El mismo. De Portales a Pinochet, gobierno y régimen de gobierno de Chile, Santiago 1985, pp. 67 ss. El mismo, nota 5. Millar Carvacho, René, "El parlamentarismo chileno y sus crisis 1891-1924", en GODOY, Osear (ed.), Cambio de régimen político, Santiago 1992.
[9] Bravo Lira, Bernardino, "Presidente y Estado de derecho en Chile. Estudio histórico-institucional", en RDJ 90, Santiago 1995.
[10] FELlU CRUZ, Guillermo, La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago 1942, apéndice, pp. 279-280.
[11] Bravo Lira, Bernardino, "El movimiento asociativo en Chile (1924-1973)", en Política 1, Santiago 1982.
[12] Millar Carvacho, René, La elección presidencial de 1920. Santiago 1982. Vial CORREA, nota 5, pp. 653 ss. Canessa Robert, Julio, Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile El factor militar 1924-1973, s. 1.ni f. (Santiago 1995).
[13] Alessandri Palma, Arturo, "Discurso de agradecimiento por su designación como candidato a la presidencia de la república". 25 abril 1920, en El mismo. Recuerdos de gobierno. Santiago 1952.1, p. 439.
