El regionalismo es entendido como un principio organizador que no solo implica criterios de territorio y de gestión en América Latina, sino que involucra los ámbitos político, social y económico de la historia del espacio regional y su población, denotando la interrelación de actores, intereses y procesos en su interior y con entidades nacionales. Además, la región es una construcción social en la historia y se caracteriza porque puede ser comparada y variable (Taracena, 1999: 28-29).
Este principio está estrechamente relacionado a otras nociones como: centralismo y descentralización. El primero consiste en un régimen político y económico que genera jerarquías del territorio, las cuales forman e integran al país. Se distingue un espacio central y otros periféricos diferenciándose por su cultura, demografía y economía. Su contraparte sería el descentralismo, que es en un sistema que promueve igualdad entre las partes que forman el espacio territorial, y que gozan de una cierta autonomía económica y política, mostrando escasas diferencias demográficas y tienen una comunicación abierta con el mundo. Aunque, existe un centro político, su rumbo no es decidido por éste (Contreras, 2002: 6).
Es preciso señalar que, la descentralización posee un uso ambiguo en la vida cotidiana de la política latinoamericana al confundirse la desconcentración y la descentralización. El primero se refiere a ceder cierta capacidad de decisión de uno de mayor jerarquía a otro de menor nivel, dentro de un mismo organismo. Mientras, el segundo, se fundamenta en otorgar decisión a otro ente al reconocerle una personalidad jurídica, recursos y una normativa propia (Boisier, 2004: 29).
Habría que indicar que, la tradición centralista no es percibida como una forma de constitución o de ser latinoamericano, sino, más bien, se lo identifica como un mal que debe eliminarse (Contreras, 2002: 5). Así, surge la pregunta: ¿América Latina posee una tradición centralista en su historia, o es un problema específico de la etapa republicana? (Contreras, 2002: 6). Algunos creen en la segunda afirmación, al mencionar que las formas centralistas surgieron en la etapa de la construcción de Estados nacionales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24). Incluso, el premio nobel de economía Douglas North mencionó que la centralización o descentralización fue un elemento muy importante en el desarrollo económico y político de la América anglosajona y la América Latina (Revez, 1998: 49). Y en la actualidad, el regionalismo cobra importancia porque los Estados afrontan fenómenos sociales relacionados con el tema como los procesos de descentralización, el énfasis de la globalización económica y la privatización de activos estatales; los cuales afectan en su rol en el desarrollo, la democracia y la distribución de servicios (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24).
Ante todo esto, la pregunta central de nuestro ensayo gira en torno a reconocer los factores del regionalismo que fueron importantes para la historia de América Latina. De ahí, la relevancia de las nociones señaladas líneas arriba para el desarrollo del estudio.
Regionalismo y la estructura política latinoamericana
El tema del centralismo como elemento problemático es asociado al atraso social y económico en las diferentes realidades latinoamericanas, motivando el surgimiento de numerosos proyectos gubernamentales que han tratado de gestionar la descentralización, especialmente en los siglos XIX y XX. Estos proyectos se han presentado en diferentes tiempos, sin embargo, tuvieron malos diagnósticos ― no se establecieron correctamente las causas y su naturaleza ―, y por ende, persistieron los males (Contreras, 2002: 5). El centralismo en sus formas organizativas se ejecuta en el Estado, la sociedad, la economía pública y privada, las instituciones públicas y los partidos políticos, los sindicatos y los gremios capitalistas (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24).
La tradición centralista en América Latina iniciaría en el proceso de conquista y el establecimiento administrativo de las monarquías ibéricas sobre el continente americano. De manera progresiva, la burocracia colonial se amplió, restringiendo cada vez más las autonomías locales y la influencia de los sectores sociales. El fortalecimiento de la centralización fue poco a poco (Contreras, 2002: 7-8) continuando durante la etapa republicana, y se reconfiguró según el desarrollo nacional de cada país y región.
Claudio Véliz (1984: 15-16) atribuye a cuatro factores la tradición centralista de América Latina y que son distintos al mundo occidental: 1) la ausencia de la experiencia feudal en la experiencia latinoamericana, 2) la ausencia de la división religiosa dándose el establecimiento de la religión dominante, 3) la ausencia de un fenómeno análogo a la Revolución Industrial, y 4) la ausencia de los aspectos del desarrollo ideológico, social y político relacionados a la Revolución Francesa que transformaron el carácter social europeo en los últimos siglos.
Sergio Boisier (2004: 30-31) añadió otro más, especialmente para el mundo andino: el inquilinaje campesino, que nació con la encomienda hispana, sujetando a la mayoría de la población en una relación servil, en el cual el campesino se sometía al patrón de la hacienda, teniendo éste la figura de padre-patrón. El sistema se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX, y luego comenzó un proceso intenso de migración interna ― del campo a las ciudades ― dentro de un proceso de industrialización incipiente que no fue unido a otro de educación cívica que les diera pautas para enfrentar un mundo urbano e industrial. El Estado reemplazó la figura del hacendado convirtiéndose en el padre-Estado. Si a esto, le sumamos la tendencia de corrupción, clientelismo y de enorme y lenta burocracia de los estados latinoamericanos se puede identificar las grandes dificultades en el logro de la democracia y desarrollo (Revesz, 1998: 53).
En general, en América Latina, la centralización fue un mecanismo político usado para fortalecer la construcción de un Estado-Nación (Boisier, 2004: 30), el cual asumió el rol de proveedor de servicios y recursos ante las necesidades de las poblaciones, incluyendo la gestión de proyectos e inversiones; no obstante, falló en combatir las desigualdades sociales, que en ciertos países es muy grande, lo cual evidencia la perdida de eficiencia y legitimidad de la gestión estatal y la incapacidad de las instituciones gubernamentales de actuar en todo el territorio nacional (Revesz, 1998: 50-51).
La eliminación del centralismo fue uno de los primeros temas de debate abordado por los gobiernos republicanos. La lucha por la descentralización se plasmó en los debates de los Congresos, en los cuales, senadores y diputados trataban de defender los intereses de sus localidades. Esto, igualmente, se trasladó en la elaboración y discusión de las diversas constituciones, las cuales, poseían en su contenido la estructura de la división territorial y sus respectivos gobiernos locales (Contreras, 2002: 14). Justamente, el centralismo se ha fundamentado en una base constitucional y legal en diferentes países latinoamericanos (Revesz, 1998: 61-79).
Según las leyes, en Latinoamérica existen dos clases de estados sobre la base del centralismo. Uno es el Estado Unitario, que es indivisible, y posee una única Constitución que garantiza la soberanía nacional y una estructura centralizada o instituciones con cierta autonomía. El otro, es el Estado Federal, el cual se organiza en un conjunto de estados y posee dos ordenamientos constitucionales ― uno es la Constitución de la Unión, y la otra la Constitución de cada estado ― y su respectivo poder ejecutivo (Gobernador), poder legislativo (Legislatura) y poder judicial (Corte Suprema Provincial) como se aplica en México, Argentina, Brasil y Venezuela (Planas, 1998: 19-20).
Uno de los primeros debates políticos en los países latinoamericanos fue la decisión de adoptar el federalismo o el unitarismo. Quienes se opusieron al federalismo, argüían que no existían elites capaces de gobernar sus localidades de forma autónoma, por lo que se trató de establecer un tutelaje por parte del Estado central sobre las gestiones locales (Contreras, 2002: 21). La admisión del sistema federalista fue influenciada por la distribución de funciones y dependencias estatales, el desarrollo del mercado y el sistema político nacional que afectaron, a su vez, la integración política y económica al resto de los países latinoamericanos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24). El establecimiento de un sistema federalista no garantizó condiciones igualitarias de recursos, por eso que han surgido numerosas demandas desde las regiones o estados por la carencia de equidad y justicia en los presupuestos nacionales, los cuales, en general, benefician a las elites económicas, políticas y/o culturales.
Las Constituciones fueron relevantes para el fortalecimiento de los países latinoamericanos como Estado-Nación, o Estado-territorialidad ¬— pues la formación de las unidades políticas de América Latina del siglo XIX tuvo como eje, principalmente, la conducta política de sus territorialidades —. Las Constituciones federales funcionaron como un instrumento político que ejercía un tipo particular de consenso y coacción, expresado en polos que iban de la arbitrariedad y violencia militar más directa hasta la construcción de pactos informales generadores de nuevos equilibrios políticos. Además, estas constituciones son las que mejor pueden conservar la diversidad de sus integrantes, y a la vez, motivar dinámicas homogeneizadoras ― en el aspecto social, demográfico, cultural y gubernamental — que permitan la existencia política evitando los conflictos en lo posible (Arroyo, 2000: 360-365).
En Argentina, la constitución funcionó como un mecanismo creador, conservador y garante de existencia política, y al mismo tiempo, como un instrumento para controlar a la oposición. En Brasil, permitió la convivencia de un fuerte centralismo político y la existencia de diversos cacicazgos locales, y ambas fuerzas facultaron la creación del estado nacional. En México se dio una combinación de las dos experiencias previas (Arroyo, 2000: 367-371).
Por otra parte, el Estado unitario admite diversas formas de descentralización, mediante organismos autónomos, que se especifican por su territorialidad intermedia ― entre municipalidades provinciales y el gobierno central ―, una facultad normativa, una independencia económica y administrativa, y su condición electiva o representativa. Estas potestades fueron otorgadas por la Constitución del país o una Ley de descentralización (Planas, 1998: 20), cuya aplicación ha sufrido avances y retrocesos en la historia latinoamericana como se evidenció en Colombia, Bolivia y Perú con las instituciones municipales a través de las leyes de municipalidades y las constituciones en los ochentas y noventas (Revesz, 1998: 52).
Para profundizar la problemática de la descentralización, debemos considerar que comprende la aplicación del principio de subsidiaridad, el cual se basa en que cada organización social es capaz de participar en su propio espacio funcional y/o territorial, dejando a las de mayor jerarquía aquellas políticas que sean propias del bienestar general o tecnológico (Boisier, 2004: 28). La descentralización no garantiza de forma inherente condiciones democráticas sino existen las condiciones sociales adecuadas, llegando incluso a fortalecer mecanismos oligárquicos y clientelistas o ser compatible con regimenes autoritarios (Boisier, 2004: 30). Igualmente, debemos aclarar que el par centralización/descentralización no constituye una dicotomía absoluta sino un par de polos entre los cuales se desenvuelve una serie de situaciones influenciadas por las coyunturas y condiciones sociales, pues, igualmente, depende del contrato social entre el Estado y la sociedad civil (Boisier, 2004: 28).
Regionalismo y los alcances económicos y gestionarios en América Latina
La tradición centralista, también, contribuyó en la formación de mercados internos a través del desempeño de ciertas actividades económicas que producían mayores beneficios. La disposición de la mano de obra y el acceso a los insumos y los capitales fueron regulados, de alguna manera, por los funcionarios. Al mismo tiempo, la dificultad de los medios de transporte servía de protección de los polos económicos regionales (Contreras, 2002: 8-9). El centralismo económico y social promovió la carencia de inversiones en diferentes localidades que no fueron centros económicos, por lo que, estos lugares poseen un insuficiente desarrollo, una escasa o nula articulación con los mercados de la región y del exterior, y un mínimo o nulo desenvolvimiento científico y tecnológico y de recursos humanos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 34-35). La dinámica económica exterior ha sido un referente importante en el desenvolvimiento de las economías locales y el cumplimiento de las necesidades de las poblaciones (Restrepo y Cárdenas, 2004: 35).
En este punto, fue relevante la participación de las elites regionales que han construido redes comerciales y han creado una circulación interna de producción y comercio que les habilita el control de la economía expandiendo su influencia y participación a mercados más amplios, y hasta mediados del siglo XX tuvo una forma corporativa y oligárquica. Asimismo, su estatus se consolida con las alianzas matrimoniales, el ejercicio de cargos públicos y su relación cercana con las elites eclesiásticas. Este grupo reproduce y recrea una identidad regional (Taracena, 1999: 30-31).
Durante la época independentista, América Latina no tuvo ciudades dominantes sobre otras por la dinámica política y económica que se formó en el interior de cada país. La predominancia de unas sobre otras fue un proceso que emergió en el periodo republicano. Incluso, la decisión de las ciudades fronterizas de aunarse a un país u otro fue importante para la historia de cada país (Contreras, 2002: 13). No olvidemos, que las migraciones externas e internas han sido un elemento trascendental en la construcción de las ciudades latinoamericanas. En ciertos países federales, se han construido modelos de desarrollo y administrativos entre ciudades, en las cuales las elites económicas del sector privado se han destacados en el sostenimiento de las demandas de la población local (Restrepo y Cárdenas, 2004: 39-40). Las diferencias entre las ciudades y el campo y la disposición regional se tradujeron en la presencia de las instituciones gubernamentales en las localidades, la dinámica de las relaciones fiscales en los distintos niveles de gobierno, el mapa político del territorio nacional y la economía geográfica del país.
La recaudación de impuestos es un tema importante en el desarrollo del regionalismo pues depende de la dinámica económica del contexto, y la estructura y gobierno de las localidades, que responden a una tendencia centralista o descentralizada, o actuan de forma contraria a la orientación gubernamental (Contreras, 2002: 14, 15-16). Actualmente, es necesaria la distribución de los ingresos fiscales sobre la base de los impuestos de la renta y sus derivados, además de su proporción según el PBI local (Restrepo y Cárdenas, 2004: 42).
Las políticas públicas adoptan un rasgo homogeneizador territorial que se denota en no atender los enfoques, las necesidades, las potencialidades y agendas políticas de las regiones. En la dinámica territorial de los países latinoamericanos surgen diversas demandas que reclaman una mayor autonomía del centro, que se reflejaría en la distribución de la riqueza nacional, la mayor libertad de asignación de recursos locales, la participación en temas de interés nacional y la autodeterminación de sus políticas locales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24-25). La distribución del gasto, también, posee un criterio territorial al dedicarse a satisfacer las necesidades sociales de las regiones, especialmente en términos de salud y educación ― siendo otros: el saneamiento ambiental, las viviendas y la infraestructura local ―, cuya satisfacción depende de los recursos fiscales y administrativos locales y de las prioridades del gobierno central (Restrepo y Cárdenas, 2004: 27-30). Otro de los temas que los gobiernos locales deben atender es el orden publico, que en el ámbito latinoamericano, se convierte en un problema delicado por la dinámica política y social que poseen como es el caso de Colombia (Restrepo y Cárdenas, 2004: 31-32).
La necesidad de plantear políticas de desarrollo que permitan el bienestar general de las poblaciones latinoamericanas involucra abandonar el planteamiento y la ejecución de políticas que consideren la homogeneización de los territorios, las cuales generan normativas indiferenciadas. Además, de evitar la determinación de causas y políticas desde perspectivas centralistas. Las regiones reclaman una mejor distribución de los ingresos fiscales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24-25). Es imprescindible, buscar el mayor acercamiento entre las regiones en términos de mercados, instituciones técnicas de regulación, formulación de políticas económicas y sistemas representativos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 43). Sin embargo, estas exigencias se constituyen en demandas descentralizadoras que no poseen una base de prácticas históricas por la velocidad de la dinámica globalizadora, en la cual el conocimiento se entrecruza con la descentralización y el desarrollo regional. Para tener éxito Boisier (2004: 33) afirma que es necesario construir un nuevo esquema cognoscitivo, que debe fundamentarse en dos formas: el conocimiento estructural, que parte de que todo territorio organizado es un sistema abierto y complejo; y el conocimiento funcional, que permite comprender e identificar las causas y la dinámica de los procesos de cambio más importantes: el crecimiento económico y el desarrollo social.
Conclusiones
Este pequeño ensayo identifica los elementos del regionalismo que fueron importantes para la historia latinoamericana. Estos elementos se desenvolvieron en el campo político, social y económico de cada región y país de América Latina. Se caracterizan por su diversidad y su aporte particular a la configuración nacional a lo largo de su historia. En la actualidad, el regionalismo es un asunto de interés público por sus implicancias en el desarrollo del bienestar de las poblaciones, emergiendo numerosas propuestas que intentan combatir las condiciones que promueven la desigualdad social y económica entre los sectores que integran las sociedades nacionales de América Latina.
BIBLIOGRAFIA
Arroyo, Israel
“El péndulo: Consenso y coacción a través de la intervención federal en México, Brasil y Argentina”, en: Ricardo Forte y Guillermo Guajardo (Coords.) Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina, México DF: Colegio de México, Colegio Mexiquense, 2000, 359-387.
Boisier, Sergio
“Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente”, en: Eure. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano y Regionales, Vol. 30, Nº 90 (Set.), 2004, 27-40.
Contreras, Carlos
El centralismo peruano en su perspectiva histórica. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002.
Planas, Pedro
La descentralización en el Perú republicano (1821-1998). Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, 1998.
Restrepo, Darío y Raúl E. Cárdenas
“Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales: una mirada desde Colombia”, en: Cuadernos del CENDES, Año, 21, Nº 57 (Set.-Dic.), 2004, 23-54.
Revesz, Bruno
“Avances y retrocesos de la descentralización territorial y política en Colombia, Bolivia y Ecuador”, en: Bruno Revesz (Ed.) Descentralización y gobernabilidad en tiempo de globalización. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1998, 49-85.
Reynoso, Diego
“Las dos dinámicas de la transición mexicana”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 64, Nº 1 (En.-Mar), 2002, 3-30.
Taracena, Arturo
“Región e Historia”, en: Desacatos, Nº 1 (primavera, 1999, 28-35.
Véliz, Claudio
La tradición centralista de América Latina. Barcelona, Editorial Ariel, 1984
