Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas=Anuario de Historia de América Latina (JbLA), ISSN 1438-4752, Nº. 40, 2003, pp. 251-276
La construcción de la institucionalidad jurídico-política en los inicios de la república estuvo marcada por dos medidas administrativas tendientes a consolidar su estabilidad y a lograr el respeto y subordinación militar hacia ella.
Primero, en 1830, la baja de gran parte de los oficiales del derrotado ejército del general Ramón Freire, quien fue apresado y desterrado al Perú. A Portales parecía ésta una medida necesaria para restablecer el orden y la disciplina en el ejército.[1] 4 6 generales, 4 coroneles, 18 tenientes coroneles, 11 sargentos mayores, 44 capitanes, 10 ayudantes mayores, 31 tenientes y 7 “alféreces”[2] 5 debieron abandonar las filas a las que habían servido siguiendo un proyecto alternativo de república, pero que en el campo de batalla había resultado perdedor. Dicha medida permitió, al menos por un tiempo, mantener un cierto orden dentro de ejército. Sin embargo, hacia 1837 recrudecieron las conspiraciones:
“Ejemplo de ello son las tentativas de Barnechea, la conspiración de Labbé, el conato de Ruiz y de Reyes, la sublevación de Tenorio en la isla de Juan Fernández, la revuelta local en Petorca, la conspiración de Arteaga, la ‘revolución de los puñales’, la expedición de Freire, la tentativa de asesinato de Portales, la conspiración de Hidalgo, etc.”[3]
Ello motivó que el 2 de febrero de 1837 se decretara la organización de consejos de guerra permanentes, para juzgar los delitos de traición, sedición, tumulto, motín y conspiración contra el orden público, contra la constitución o el gobierno y toda clase de componendas con “el enemigo”. Los juicios se realizarían de acuerdo con la ordenanza militar y serían llevados a cabo por los consejos de guerra, que se establecerían en la capital de cada provincia. Además:
“[...] los individuos del Ejército que incurrieran en dichos delitos, hallándose éste en campaña o en marcha, serán juzgados por los respectivos consejos de guerra que establece la ordenanza militar; pero la sentencia se ejecutará sin apelación, revisión ni otro recurso”[4]. 7
Si bien muchos de los oficiales dados de baja en 1830 fueron posteriormente indultados y restituidos en sus cargos, y la mencionada ley fue derogada el 5 de septiembre de 1839, ambas medidas administrativas señalan el inicio de la era Portaliana. Ella, según algunas de las principales hipótesis, estuvo marcada por la sumisión y el respeto de los militares al “poder civil”:
“Es indudable que desde el punto de vista militar, la inteligencia de Portales consistió en imponer un ‘civilismo sui generis’ puesto que su trascendente intuicionismo calibraba con precisión el papel nefasto que podrían ejercer los caudillos reales o potenciales surgidos de la Independencia. [...] Pero al mismo tiempo, ligó a hombres como Prieto, Blanco Encalada y el propio Bulnes a un incipiente profesionalismo no descartado del ejercicio del poder político. Civilismo singular, puesto que los primeros presidentes de la llamada República Autoritaria o Conservadora, serían generales de prestigio, los cuales – tal vez con la fórmula de la reelección – respetarían en todo momento la institucionalidad diseñada por la Constitución de 1833”. [5]
De ese modo, la era Portaliana se inició con un gobierno cívico-militar. No se trataba de un sometimiento militar a un “poder civil” recién constituido. Quienes debieron someterse fueron los perdedores de Lircay. El general vencedor, Joaquín Prieto Vial, resultó presidente de la naciente república, por dos períodos consecutivos (1831–1836, 1836–1841).
A él lo sucedió en los períodos posteriores (1841–1846, 1846–1851) otro general victorioso. Esta vez en la guerra contra la llamada Confederación Perú-Boliviana. El 18 de septiembre de 1841 asumió la presidencia el héroe de Yungay, general de división Manuel Bulnes Prieto, quien, además, había combatido junto a su antecesor contra las tropas del vencido y desterrado general Freire.
A primera vista, resulta evidente que el civilismo sui generis de Portales no era tal, sino que tenía tanto de civil como de militar. Aunque la institucionalidad jurídico-política que se comenzó a construir en especial a partir de la constitución de 1833, no estableció de manera explícita dicha relación, los militares participaron del gobierno protagónicamente.
La llegada del primer civil a la presidencia, el abogado Manuel Montt Torres (quien también gobernó dos períodos: 1861–1856, 1856–1861), fue acompañada de un estallido “revolucionario” encabezado por el coronel Pedro Urriola, el 20 de abril de 1851. Dicho motín fue el inicio de una serie de revueltas que se extendieron por diversas ciudades de Chile y que se conocen como la revolución del 51.[6] 9 Cuando su segundo gobierno estaba por finalizar, se produjo otro estallido que ha pasado a la historia como la revolución del 59, también sofocado por las fuerzas militares gobiernistas. [7]10 De ese modo, es posible afirmar que al menos hasta mediados del siglo XIX, no se estaba frente a un ejército sometido ante un poder civil, sino que se estaba ante el mismo escenario que en otras repúblicas latinoamericanas del período, es decir, ante la construcción cívico-militar de una institucionalidad jurídico-política en torno a un proyecto de nación; sólo que con distintos resultados.
La gran diferencia estuvo entonces, no en el respeto y sometimiento, sino en que los militares que gobernaban junto a sus pares civiles, lograron imponer dicha institucionalidad. O por la vía del orden al interior en las filas o por la represión de los motines y revueltas. También los diversos motines eran guiados por algunas ideas de nación. Sólo que desde la victoria del general Prieto en Lircay, los vencidos debieron conformarse con hacerlas circular privadamente ya que no estaban en situación de aplicarlas en la práctica, como sucedió con los vencedores.
A modo de ejemplo se puede citar parte de la carta que el general Nicolás Prieto, uno de los vencidos, envió a don Bernardino Pradel en 1832, comentando el entonces todavía proyecto de constitución que preparaba Mariano Egaña:
“No me crea por ello un entero partidario de la democracia absoluta, ni imbuido o decidido por el fantasma de la república de Platón. Mis sentimientos en esta parte son mistos; quisiera que el Ejecutivo tuviese toda amplitud para hacer el bien, no siendo con el sacrificio de las rentas públicas, pero que se le dejara sin la menor para hacer el mal; que tuviera la facultad de nombrar los empleados en la Hacienda, militares i aun en lo gubernativo, como encargado de la superintendencia de las rentas i de la conservacion del órden, pero de ningun modo dejar a su albedrio su remoción [sic] sino en el caso que la lei lo previniese. El Senado conservador de la lei no me disgustaria que en su totalidad o mayor parte fuese vitalicio [...]”[8]
Los primeros años de la naciente república, en que se consolida una estructura institucional que ordenará jurídica y políticamente a Chile, están marcados por una estrecha relación cívico-militar, caracterizada por un acuerdo entre los vencedores de Lircay: entre el grupo de los llamados “pelucones” y los generales victoriosos. No era, entonces, un civilismo sui generis el que impuso Diego Portales, sino que realizó una alianza cívico-militar en que ambas partes compartieron el gobierno y la construcción de lo que consideraban debía ser la nación.
No está excento de curiosidad, el que el mismo Diego Portales, quien es considerado el fundador del la institucionalidad republicana, fuera, además, gobernador militar de Valparaíso entre diciembre de 1832 y noviembre de 1834 (cargo que existía paralelamente al de gobernador), y detentara el grado de teniente coronel.
LA OLIGARQUÍA COMO CATEGORÍA INSUFICIENTE: MINISTROS, SENADORES Y DIPUTADOS
Pese a que los gobiernos de Montt (1851–1856, 1856–1861) han sido ubicados por la historiografía política dentro del período llamado República Autoritaria, se sostiene que con su llegada a la presidencia se acaba la presencia militar en el gobierno chileno, cerrándose una etapa. Desde ahí en adelante comenzaría definitivamente la subordinación militar a la institucionalidad civil.
“Dos decenios con la conducción gubernativa parecieron ser suficientes para la transición hacia el ‘civilismo’, el que por supuesto siempre gobernó en el sentido real del término”.[9]
La clave del respeto y sometimiento militar a lo civil habría estado en la solidez del edificio institucional chileno y en el sentido de cuerpo de las oligarquías políticas del siglo XIX, que las habría llevado a intentar solucionar sus diferencias de intereses al interior de él y no por las armas. Al analizar este tema desde una óptica más simple se llega, sin embargo, a otras conclusiones, que poco o nada tienen que ver con los supuestos sobre las cuales se sostiene tal creencia. El primer ciclo de relaciones cívico-militares en la producción de institucionalidad no se cierra con la salida del general Bulnes de la presidencia en 1851, sino con la llegada a ella, cuarenta años más tarde, del vicealmirante Jorge Montt. Uno de los héroes constitucionalistas que vencieron la “dictadura” de Balmaceda. Luego de derrotado éste, los miembros victoriosos de las oligarquías le ofrecieron la presidencia de la república al vicealmirante, en un acto cuyo simbolismo refleja la profundidad de la relación cívico-militar existente hasta ese momento[10].
Es posible afirmar que ese primer ciclo no culmina con la salida de Bulnes, ya que en ese período, que fue desde el general de división Joaquín Prieto Vial (1831) hasta el vicealmirante Jorge Montt (1891), hubo una innegable continuidad en la presencia militar en la institucionalidad jurídico-política nacional, que fue mucho más allá de la presidencia de la república. Desgraciadamente, sólo ha sido posible reconstruir en parte dicha presencia, y aunque en una medida suficiente para demostrar la tesis que se está planteando, deja una importante tarea pendiente.[11]
VI. CONCLUSIONES
Un análisis más profundo de la tesis de la estabilidad de las instituciones. Se puede destacar finamente. Contrariamente a lo que se ha sostenido, el respeto de estos últimos hacia las instituciones chilenas, que constituiría una excepción en América Latina, no estuvo dado por una sumisión ante las construcciones civiles, sino por su participación protagónica en ellas. Esa forma de cogobierno tuvo, durante los cien años en estudio, tres ciclos: El primero de ellos (1831–1891) se caracterizó por cuatro elementos: a) las alianzas que establecieron civiles y militares miembros de las oligarquías, en especial con los generales victoriosos en las distintas guerras que Chile libró durante el siglo XIX; b) la conjunción en algunos de los nuevos actores de los roles militar y político, desempeñando ambos con relativo éxito; c) la participación de militares en servicio activo en distintos cargos de designación política o elección popular; y d) el rápido decantamiento de esas relaciones en un aparato institucional cuya base fue la constitución política de 1833 y en torno a la cual hubo consenso entre los diversos actores.
[1] Mario Céspedes/Lelia Garreaud, Gran Diccionario Biográfico de Chile (Santiago de Chile 1988), p. 586.
[2] Benjamín Vicuña Mackenna, Don Diego Portales (Valparaíso, Chile 1863), p. 48.
[3] Céspedes/Garreaud, Gran Diccionario (nota 4), p. 586.
[4] Ricardo Anguita, Leyes Promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta el 1° de Junio de 1912, tomo I (Santiago de Chile 1912–1913), p. 274.
[5] Ariel Peralta, “Ejército y mentalidad militar en la Historia Americana y de Chile en el siglo XIX”: Mapocho 38 (Santiago de Chile 1995), pp. 199–227, aquí: p. 206.
[6] Francisco Encina, Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891, tomo XII (Santiago de Chile 1954), pp. 643–678; ibidem, tomo XIII, pp. 37–161.
[7] Ibidem, tomo XIII, pp. 279–357.
[8] Vicuña Mackenna, Don Diego Portales (nota 5), p. 145.
[9] Peralta, “Ejército y mentalidad militar” (nota 8), p. 209.
[10] Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile (1891–1973), vol. II, Triunfo y Decadencia de la Oligarquía (1891–1920) (Santiago de Chile 1983), pp. 73–77.
[11] La fuente principal para elaborar la lista de militares en cargos políticos fue el libro de Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Textos Constitucionales de Chile y Registro de los Ciudadanos que han integrado los poderes Ejecutivo y Legislativo desde 1810, tomos I y II (Santiago de Chile 1951).
